Urbanismo

Ante el reportaje publicado en la revista Zigzag de octubre de 2017, el Ayuntamiento de Ciempozuelos estima oportuno realizar una serie de puntualizaciones y aclaraciones sobre la situación de las viviendas de los dos vecinos de la calle Palomero y los pasos que se han ido dando.

Desde el Ayuntamiento de Ciempozuelos se quiere dejar claro que en ningún caso se ha producido una situación de desamparo ante la delicada situación por la que están atravesando estos vecinos y que se han tomado todas las medidas que estaban en la mano de la institución, dentro de los límites que establece la legislación, para solucionar esta situación.

¿Por qué se está retrasando el pago de la indemnización a los vecinos afectados a cargo de la póliza contratada por el Ayuntamiento?

De forma previa a la valoración de los técnicos municipales, una de los dos vecinos afectados, ejerciendo en su pleno derecho, inicia un procedimiento judicial contra el Ayuntamiento a través de su compañía aseguradora que solicita una indemnización tres veces inferior a la valoración que posteriormente establecen los técnicos municipales, que señala ambas viviendas en ruina urbanística. Por su parte, la compañía aseguradora del Ayuntamiento emite sus valoraciones para las viviendas.

Las valoraciones municipales y la emitida por la compañía de la afectada, son comunicadas, tal y como marca la normativa vigente, a la compañía aseguradora del Ayuntamiento que muestra sus reparos al haber tanta diferencia entre la indemnización que marca la compañía de la propia afectada y la establecida por los técnicos municipales, mientras que en el caso del otro vecino afectado apenas hay diferencia entre la indemnización marcada por la compañía aseguradora del Ayuntamiento y la de los técnicos municipales.

En este sentido, la compañía aseguradora del Ayuntamiento ha iniciado un procedimiento judicial al no estar de acuerdo con el contenido de la resolución ni con la cuantificación de la indemnización fijada por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Ciempozuelos, en vista a esta situación que está provocando la demora en el pago de la indemnización, emplaza a los vecinos afectados a una reunión el pasado 19 de octubre en la que se les explica, en presencia de sus abogados, la situación actual así como la emisión de una providencia, documento de carácter interno, para estudiar si existe la posibilidad legal de que el Ayuntamiento adelante el pago de las indemnizaciones para desbloquear esta delicada situación.

Por otro lado y en relación a otros posibles costes extraordinarios, el Ayuntamiento en ningún momento se niega a asumirlos sino que se determinará, con arreglo a la legislación, si procede o no abonarlos.

Contextualización de los hechos

En mayo de 2016 se aprobó un decreto de ruina inminente y se actúa apuntalando las viviendas para asegurarlas. Se ordena el desalojo por el riesgo de derrumbe a consecuencia de los daños ocasionados por la avería.

Esa misma noche, el Ayuntamiento, sin determinar la responsabilidad y dada la delicada situación, facilitó a los dos vecinos un alojamiento en régimen de pensión completa (hospedaje y manutención) en el establecimiento hotelero más cercano a sus viviendas para facilitar el arraigo con su entorno (vecinos, comercios habituales,…).

El Ayuntamiento detecta que el problema deriva de un colector del Canal de Isabel II que está roto. Se gestiona con el Canal que hace la inspección y lo arregla con cargo al Ayuntamiento. El Ayuntamiento asume el coste de esta obra por un convenio firmado en el año 2012 en el que Canal de Isabel II interpreta que quien tiene que correr con el gasto es el Ayuntamiento. Dada la circunstancia de emergencia, se asume el pago de 45.000 euros aproximadamente. A finales del mes de agosto la avería estaba reparada por lo que no se siguen generando daños en las viviendas afectadas.

La situación de abono de la totalidad de los gastos del alojamiento y manutención de los vecinos se prolonga durante 6 meses. En estos meses, el Ayuntamiento mantiene el contacto de forma constante con la compañía aseguradora.

Una vez transcurridos estos meses y a la vista de la necesidad de los vecinos de contar con sus enseres, el Ayuntamiento contrata sendos alquileres para su alojamiento provisional durante otros 6 meses. En el caso de la vecina afectada y, atendiendo a sus circunstancias especiales, trabajadores municipales participan de forma directa en el traslado de los objetos personales para facilitar la mudanza.

En mayo de 2017 se resuelve el expediente de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento con la declaración por parte de técnicos municipales de ruina urbanística que cuantifica la indemnización a abonar por parte de la Administración con cargo en la póliza de responsabilidad suscrita con la compañía aseguradora, hecho que se informa a la compañía, junto con la valoración de la compañía de la vecina afectada (circunstancia expuesta arriba).

La resolución se comunica a los vecinos afectados y a la compañía aseguradora. Según la resolución, el Ayuntamiento debía abonar la franquicia de 6.000€ que se pagó a los afectados de forma inmediata a la firma de la resolución. Como se ha explicado previamente, la compañía aseguradora del Ayuntamiento ha iniciado un procedimiento judicial al no estar de acuerdo con el contenido de la resolución ni con la cuantificación de la indemnización fijada por el Ayuntamiento.

En todo este procedimiento, se ha actuado en todo momento según el protocolo habitual en expedientes ocurridos de similares características. Además, la postura del Ayuntamiento de Ciempozuelos fue informada y avalada por un informe favorable de la Comisión Asesora de la Comunidad de Madrid.

Puesto que se trata de un asunto que se ha mencionado, cabe señalar que, respecto al pago del IBI correspondiente a esas viviendas, el Ayuntamiento de Ciempozuelos no puede eximir ni puede subvencionar del impuesto ya que incurriría en una ilegalidad.

Por todo lo señalado, el Ayuntamiento de Ciempozuelos quiere dejar claro que se ha hecho y hace todo lo posible, dentro de los márgenes que la legislación permite, para que la situación se resuelva esta situación con la mayor celeridad posible.

El Ayuntamiento de Ciempozuelos, a través de la Concejalía de Movilidad, informa de la entrada en vigor a partir de este jueves 20 de julio de la nueva ordenación del tráfico en el sector 3- Piscina (zona de Parques Nacionales) para la mejora de la movilidad, la seguridad y las zonas de aparcamiento de forma global en toda la zona.

Desde la Concejalía de Movilidad se entiende que todo cambio implica un periodo de adaptación por lo que se pide precaución y paciencia a los vecinos ante esta nueva circunstancia.

Debido a esta nueva ordenación, se suspende la parada de Montañas de Covadonga con Tablas de Daimiel del autobús urbano (línea 1). La nueva ubicación de la parada es en Archipiélago Cabrera con Picos de Europa.

 

Ante las supuestas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II

El Ayuntamiento de Ciempozuelos, en relación al posible perjuicio patrimonial derivado de las supuestas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II, ha aprobado en la sesión plenaria del mes de junio una moción, presentada por Ahora Ciempozuelos, relativa al ejercicio de la acción penal por parte del Ayuntamiento en las diligencias previas que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción Nº6 de la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II. La moción contó con los votos afirmativos de Ahora Ciempozuelos, PSOE, CPCI y PIC y la abstención del PP.

Entre las medidas aprobadas destaca la personación como acusación particular del Ayuntamiento de Ciempozuelos en el procedimiento de diligencias previas de la denominada operación ‘Lezo’. En la moción aprobada también se solicita al Consejo de Administración una sesión extraordinaria informativa en relación a la situación económica y financiera de la sociedad, la modificación de la legislación respecto a la capitalización del Canal de Isabel II y la regulación del abastecimiento y saneamiento de agua de la Comunidad de Madrid para retomar la entidad de derecho público. También se recoge la aprobación de forma conjunta con la FMM y grupos de la Asamblea de Madrid un debate sobre la gestión pública así como una revisión de la legalidad de los convenios firmados por el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciempozuelos en relación al Canal de Isabel II para estudiar su posible lesividad.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Ciempozuelos, como parte del accionariado de la sociedad Canal de Isabel II Gestión S.A., manifestó su voto en contra en la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 5 de julio en relación a la aprobación de las cuentas anuales individuales de la sociedad y el Informe de gestión del ejercicio 2016.